Evo Morales, a un paso de los medios
Muchachos, hasta Evo quiere monopolizar los medios. Y prácticamente está a medio paso de lograrlo. Si bien no es un total control de los medios de comunicación bolivianos, es un porcentaje bastante alto.
La noche del jueves pasado, la Asamblea Legislativa de Bolivia, con mayoría afín al gobierno de turno, aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Esta ley otorga un poder enorme al gobierno sobre los medios de ese país. Para aclarar el tema con los números, la cúpula política boliviana obtendría el 67% de las licencias de radio y televisión. Es decir, un amplio dominio sobre las telecomunicaciones. Para los desentendidos, y en pocas palabras, unos pocos podrán decidir qué programas de televisión se emiten y demás, sucediendo lo mismo con la radio. Suena parecido a algo que conocemos ¿no? Imagínense, estar sentados en el sofá frente al televisor de sus casas, cambiar los canales, y lo único que hay para ver es la televisión pública y derivados de la misma. Bueno, algo similar es lo que pasaría si un gobierno se hace cargo de los medios. ¡Ojo! Puede que sea con buenas intenciones y que se emitan contenidos productivos y hasta incluso dar un cierto marco de tolerancia a la oposición… Pero no, eso pasaría en un mundo perfecto nomás. La historia ha demostrado que cuando el poder se pone al frente de las tecnologías de la comunicación de un país, la información llega manoseada, desvirtuada e incluso deformada por los intereses político-económicos.
Igualmente, todavía no está todo dicho. Para que la ley tome vigencia falta el sí del mismísimo Juan Evo Morales Ayma, el presidente, más conocido simplemente como Evo Morales. No obstante, el voto es cantado. O casi. Porque, recurriendo a la deducción (corriendo el riesgo de equivocarme), si la norma fue aprobada por la Asamblea, y la mencionada tiene mayoría afín a Evo, no creo que el presidente vaya en contra de sus colegas. Siempre dejando margen para el error igual eh, nada es cierto hasta que es cierto.
Para que se den una idea de la distribución del espectro radioeléctrico: los medios privados tendrán el 33% de las licencias; otro 33% será del Estado; un 17% irá para los medios al servicio de organizaciones sociales; y el restante 17% para organismos de los pueblos indígenas. No mentí al decir al principio que el gobierno contaría con el 67%, no. Ya que los medios de las organizaciones sociales y los de los pueblos indígenas van a sumarse a Evo para respaldar su mensaje. Por razones obvias. Evo salió del pueblo (fue un sindicalista cocacolero), su campaña se basó en los intereses de los indígenas, de los pueblos originarios.
“Esta ley que el presidente Morales ha hecho aprobar por la asamblea que controla, va en la dirección de restringir la libertad de expresión y de información y se suma a otras normas que aprobó el gobierno”, dijo Claudio Paolillo, copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Obviamente, el ministro de Comunicación del gobierno boliviano, Iván Canelas opina lo contrario. Dijo que la ley “profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales”.
Otros políticos de ese país, defensores de la ley, dicen que se busca una “equidad social” en el control de los medios y que si la mayoría es de control estatal no implica que respondan al gobierno… ¡Uf! La verdad…
Hablando en serio, que las fuentes de la comunicación y de la información (léase televisión, radio e Internet) estén mayormente en manos de una persona, o de un partido, o de lo que sea, nunca trae buenos resultados. Es verticalizar la bajada de la información. La línea totalmente vertical sería algo análogo a un régimen totalitario. Mientras el 33% que queda sea de los privados va a haber, sin dudas, diversidad en los medios… y no solamente lo que le conviene difundir a algunos. Sin embargo, según la Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora), unas 400 emisoras podrían cerrar en el 2017 cuando concluyan sus licencias si se restringe a los privados el acceso a las frecuencias.
Una locura, es menester defender la libertad de expresión. Acá en Argentina y en cualquier parte.
Y como si esto fuera poco, otra disposición (de la ley) que generó controversia fue que al gobierno le sería permitido obligar a los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación a realizar “escuchas telefónicas” para el gobierno en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres. Con todo el quilombo que vienen trayendo y que han traído las escuchas telefónicas en el mundo.
Con respecto a esto y para cerrar el post de hoy, Paolillo dijo que la norma “se suma a otras que están en camino en Argentina y Ecuador y a leyes aprobadas en Venezuela, en el marco del eje bolivariano, que son claramente contrarias a la noción de libertad de expresión”.
Reflexión final: estamos todos locos.
La noche del jueves pasado, la Asamblea Legislativa de Bolivia, con mayoría afín al gobierno de turno, aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Esta ley otorga un poder enorme al gobierno sobre los medios de ese país. Para aclarar el tema con los números, la cúpula política boliviana obtendría el 67% de las licencias de radio y televisión. Es decir, un amplio dominio sobre las telecomunicaciones. Para los desentendidos, y en pocas palabras, unos pocos podrán decidir qué programas de televisión se emiten y demás, sucediendo lo mismo con la radio. Suena parecido a algo que conocemos ¿no? Imagínense, estar sentados en el sofá frente al televisor de sus casas, cambiar los canales, y lo único que hay para ver es la televisión pública y derivados de la misma. Bueno, algo similar es lo que pasaría si un gobierno se hace cargo de los medios. ¡Ojo! Puede que sea con buenas intenciones y que se emitan contenidos productivos y hasta incluso dar un cierto marco de tolerancia a la oposición… Pero no, eso pasaría en un mundo perfecto nomás. La historia ha demostrado que cuando el poder se pone al frente de las tecnologías de la comunicación de un país, la información llega manoseada, desvirtuada e incluso deformada por los intereses político-económicos.
Igualmente, todavía no está todo dicho. Para que la ley tome vigencia falta el sí del mismísimo Juan Evo Morales Ayma, el presidente, más conocido simplemente como Evo Morales. No obstante, el voto es cantado. O casi. Porque, recurriendo a la deducción (corriendo el riesgo de equivocarme), si la norma fue aprobada por la Asamblea, y la mencionada tiene mayoría afín a Evo, no creo que el presidente vaya en contra de sus colegas. Siempre dejando margen para el error igual eh, nada es cierto hasta que es cierto.
Para que se den una idea de la distribución del espectro radioeléctrico: los medios privados tendrán el 33% de las licencias; otro 33% será del Estado; un 17% irá para los medios al servicio de organizaciones sociales; y el restante 17% para organismos de los pueblos indígenas. No mentí al decir al principio que el gobierno contaría con el 67%, no. Ya que los medios de las organizaciones sociales y los de los pueblos indígenas van a sumarse a Evo para respaldar su mensaje. Por razones obvias. Evo salió del pueblo (fue un sindicalista cocacolero), su campaña se basó en los intereses de los indígenas, de los pueblos originarios.
“Esta ley que el presidente Morales ha hecho aprobar por la asamblea que controla, va en la dirección de restringir la libertad de expresión y de información y se suma a otras normas que aprobó el gobierno”, dijo Claudio Paolillo, copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Obviamente, el ministro de Comunicación del gobierno boliviano, Iván Canelas opina lo contrario. Dijo que la ley “profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales”.
Otros políticos de ese país, defensores de la ley, dicen que se busca una “equidad social” en el control de los medios y que si la mayoría es de control estatal no implica que respondan al gobierno… ¡Uf! La verdad…
Hablando en serio, que las fuentes de la comunicación y de la información (léase televisión, radio e Internet) estén mayormente en manos de una persona, o de un partido, o de lo que sea, nunca trae buenos resultados. Es verticalizar la bajada de la información. La línea totalmente vertical sería algo análogo a un régimen totalitario. Mientras el 33% que queda sea de los privados va a haber, sin dudas, diversidad en los medios… y no solamente lo que le conviene difundir a algunos. Sin embargo, según la Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora), unas 400 emisoras podrían cerrar en el 2017 cuando concluyan sus licencias si se restringe a los privados el acceso a las frecuencias.
Una locura, es menester defender la libertad de expresión. Acá en Argentina y en cualquier parte.
Y como si esto fuera poco, otra disposición (de la ley) que generó controversia fue que al gobierno le sería permitido obligar a los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación a realizar “escuchas telefónicas” para el gobierno en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres. Con todo el quilombo que vienen trayendo y que han traído las escuchas telefónicas en el mundo.
Con respecto a esto y para cerrar el post de hoy, Paolillo dijo que la norma “se suma a otras que están en camino en Argentina y Ecuador y a leyes aprobadas en Venezuela, en el marco del eje bolivariano, que son claramente contrarias a la noción de libertad de expresión”.
Reflexión final: estamos todos locos.
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