Democratización vs Constitución
Estos dos términos, que
tradicionalmente fueron de la mano, hoy se ven enfrentados en el discurso
oficialista.
Por el otro, la
Constitución Nacional, la ley suprema de la nación argentina. Es decir, toda
persona (física o jurídica) que resida en nuestro país tiene que respetarla,
sin excepciones.
La reforma que quiere
implementar el kirchnerismo, es un paquete de proyectos de índole
inconstitucional, no solamente para los miembros de la tan desvencijada oposición
sino que para varios oficialistas también. Con su “democratización”, están
justamente “desdemocratizando”, con el permiso de la Real Academia Española
para inventar una palabra. Porque la democracia no es solamente el gobierno del
pueblo lisa y llanamente (en este caso, “democratizar” sería que formaran parte
de Consejo de la Magistratura personas ajenas al poder judicial), es el
gobierno del pueblo, pero organizado. Ya Montesquieu hablaba de la división de
poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Básicamente, deben estar
ligados en una relación de equilibrio, en la cual uno controla al otro para
evitar excesos. Y, a su vez, dice que este sistema de gobierno es una garantía
contra el despotismo (lo cual sería si una mano controlase los tres).
Esto último es lo que
parece estar sucediendo ahora. El kirchnerismo ya tiene mayoría en el poder
legislativo, por lo que en este ya casi no hay debate, es prácticamente un
decorado en el sistema gubernamental, simplemente se hace lo que la mandataria
dice; y ahora “va por todo”, por el único poder que todavía es independiente (aunque
no sea de lo mejor y la justicia se demore años y años). La última barrera
entre la democracia y el autoritarismo. Hasta ahora, los jueces de la Corte
Suprema podían tener cierto control sobre las medidas que se querían implementar
por parte del ejecutivo, por esa misma razón el oficialismo se ensañó con
ellos.
Si se logra la reforma,
ya va a ser imposible detener este avance. Por eso es que los que saben dicen
que el oficialismo les dio una última oportunidad a la oposición para unirse,
aunque esta tenga un límite de tiempo que se va acercando lentamente.
Está claro: con la restricción de las cautelares,
el pueblo no va a tener con qué defenderse contra cualquier decisión del
estado; con la modificación del Consejo de la Magistratura, el partido que sea
más votado va a tener la facultad de elegir y/o destituir a los jueces como
crean necesario (y vale decir, los jueces se verían ligados a un partido y
perderían la imparcialidad… ya no por corrupción sino amparados por la ley); y
con la creación de las cámaras de casación, no solo demorarían-todavía más- a
la justicia, sino que, de alguna manera, sería una forma de que el estado pueda
influir en el poder judicial, sacándole facultades a la instancia máxima del
mismo, la Corte Suprema.
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